Asociaciones de usuarios denuncian a las entidades de gestión en Anticorrupción

• Les acusan de fraude con el canon digital, falsificación y apropiación indebida
• Aseguran que las entidades no han abonado a autores más de 50 millones

ELMUNDO.es | Madrid

Tres asociaciones promotoras de la plataforma Todoscontraelcanon han presentado una denuncia por posible fraude, falsificación y apropiación indebida contra las entidades de gestión de derechos de autor y el Ministerio de Cultura.

Concretamente, los denunciantes son la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit).

Según la denuncia, presentada por el abogado Josep Jové ante la Fiscalía Anticorrupción y escrita en un tono bastante informal, las entidades de gestión de derecho de autor podrían haber incurrido en delitos Fraude a la Hacienda Pública, falsificación de documentos y apropiación indebida de las cantidades abonadas a las entidades de gestión para su reparto a los legítimos titulares de los derechos de propiedad intelectual.

La denuncia se extiende al Ministerio de Cultura, específicamente la Subdirección General de Propiedad Intelectual, por los posibles delitos de encubrimiento de las anteriores conductas.

Para ello, los denunciantes se basan en los datos publicados por la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura acerca de la recaudación a través de la compensación por copia privada (canon) que graba los soportes vírgenes usados para tal fin. También aporta datos de las memorias internas de la SGAE, Cedro, EGEDA, AIE y AGEDI.

El documento presentado ante la Fiscalía asegura que las entidades no han abonado a autores, productores y ejecutante -ni han devuelto a quienes lo abonaron originariamente- más de 50 millones de euros.

Además, acusan a las entidades de presentar cuentas diferentes ante sus asociados y ante la Administración, y creen que ha podido existir fraude a la Hacienda Pública. Asimismo, asegunan que podría haber fraude a los asociados, autores, productores y artistas, al no coincidir lo declarado con lo cobrado.

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