- Los titulares de los derechos de autor son los únicos a favor
- Los proveedores de Internet creen que dañaría la innovación
- El libre intercambio de archivos, entre las propuestas más recogidas
Alberto Gago | Madrid
Los proveedores de Internet, los expertos y los ciudadanos se oponen a la legislación europea contra la 'piratería'. Eso al menos se desprende de los resultados obtenidos en la consulta pública realizada por la Comisión Europea sobre la ley comunitaria sobre protección de los derechos de propiedad intelectual.
La Comisión abrió esta consulta el pasado enero con vistas a conocer la opinión general sobre la política europea en esta materia y con vistas a una posible revisión de la regulación. Como era de esperar, los resultados han mostrado una enorme brecha entre la opinión que defienden los titulares de los derechos de autor y la que muestran los ciudadanos, académicos y proveedores de Internet, que consideran que las medidas draconianas que introduce IPRED suponen una amenaza para los derechos humanos y sofocan la innovación.
La consulta, abierta hasta el 31 de marzo, ha contado con un total de 380 respuestas, de las que casi la mitad procedían de particulares. Se observa muy poco consenso entre los participantes y, como era de esperar, existen dos posiciones muy enfrentadas.
Dos posturas enfrentadas
La gran mayoría de los defensores de los derechos de autor y varias sociedades de gestión colectiva han apelado por establecer normas más estrictas para luchar contra el intercambio de archivos protegidos por derechos de autor. Apelan por una mayor implicación y responsabilidad de los proveedores de Internet, ya que consideran que deben filtrar los sitios no autorizados y controlar a los internautas que cometan infracciones contra los derechos de autor.
En el otro lado del 'ring' se observa una postura totalmente distinta, en contra del endurecimiento de la legislación en contra de la piratería, para lo que se aducen diversos motivos. Las ISPs aseguran que una legislación más estricta podría tener un efecto dañino en la innovación, mientras los ciudadanos, los expertos y las organizaciones de protección del consumidor afirman que el IPRED amenaza los derechos humanos básicos.
"La abrumadora mayoría de los ciudadanos, las organizaciones de protección al consumidor y académicos se muestran radicalmente en contra de un endurecimiento de la regulación de las infracciones de propiedad intelectual, especialmente en el contexto del mundo 'online'. La filtración de contenidos y el control del tráfico en la red se percibe como una amenaza contra los derechos fundamentales o incluso como censura, por lo que es claramente rechazado", asegura la Comisión Europea en el informe.
Causas y alternativas
Además, la mayoría de los encuestados afirma que la industria del entretenimiento es una de las causas de la piratería, debido a la falta de disponibilidad de contenido jurídico. "Muchos de los encuestados que se opusieron a la modificación de la actual Directiva de observancia, incluídos los operadores de telecomunicaciones y la mayoría de los contribuyentes individuales, observan la falta de una oferta disponible atractiva como una de las principales causas de la piratería 'online'. Consideran que el aumento de la oferta de servicios constituye una alternativa viable a la imposición de medidas más restrictivas".
Entre las medidas más solicitadas por los encuestados se encuentra la legalización total del intercambio de archivos, pues consideran que ayuda al libre intercambio de información. "En sus contribuciones, la mayoría de los ciudadanos abogan por la eliminación de la protección de los derechos de autor contra el intercambio de archivos, con el argumento de que el libre intercambio de información ayudaría a difundir la cultura, así como a aumentar la creatividad sin tener un efecto perjudicial sobre la industria y la sociedad en su conjunto, por lo que el libre intercambio debe apoyarse en lugar de considerarse delito", asegura la Comisión.
Cuando se propuso la consulta pública, la Comisión aseguró que las aportaciones de los ciudadanos serían tenidas en cuenta en la evaluación que tiene previsto hacer sobre si es necesario revisar la directiva. De la lectura de las respuestas se extrae de manera evidente que la mayoría tienen dudas sobre la manera en que la Comisión Europea legisla en esta materia, por lo que está por ver si los legisladores escucharan estas propuestas y mostrarán sensibilidad a las posturas de los ciudadanos.
Consulte las conclusiones extraídas por la Comisión Europea de la consulta pública. (PDF).
Enlace articulo original: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/12/navegante/1310467556.html
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