- Ibercrea filtra un texto
completo 'extraoficial' de borrador de la normativa
- De aprobarse, aumentaría el
control sobre las entidades de gestión de derechos
- Cultura asegura que el texto
pasará por un periodo de información pública
Pablo Romero | Madrid
Una nueva
filtración de un borrador del anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad
Intelectual (PDF), que llegará al
Consejo de Ministros presumiblemente la semana próxima, plantea nuevas
medidas para agilizar y reforzar el funcionamiento de la Comisión de la
Propiedad Intelectual (CPI) de la Secretaría de Estado de Cultura,
especialmente la Sección Segunda, conocida como 'Comisión Sinde'. Entre ellas, la obligación
para las 'telecos' de identificar a los usuarios a petición de un juez
contencioso administrativo, o medidas para 'asfixiar' económicamente a
las páginas de enlaces a descargas.
La Sección
Segunda de la CPI es la encargada de notificar y en su caso bloquear enlaces o
sitios web de enlaces a descargas no autorizadas, previa autorización judicial.
No obstante, tras un año de funcionamiento tras la entrada en vigor de las
reformas previstas en la llamada 'Ley Sinde', su efectividad ha sido limitada.
Una de las
medidas más destacables para 'solucionar' este atasco que recoge este texto,
publicado por la entidad Ibercrea (que aglutina a las principales
entidades de gestión), es la obligación que establece para los prestadores de
Internet de identificar a los infractores -a través de una dirección IP,
nombre de dominio, dirección de Internet o dato similar- a petición de la
Sección Segunda de la CPI.
Para ello,
se plantea una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
concretamente del apartado 1 del artículo 256, en el que se incluiría
un décimo punto en el que se capacita al juez para pedir la identificación
del supuesto infractor a 'telecos' y empresas de pagos y publicidad cuando
"concurran indicios razonables de que esté poniendo a disposición o difundiendo
a gran escala, de forma directa o indirecta, a través de cualquier enlace o
redireccionamiento, contenidos" protegidos por derechos de autor.
Hasta el
momento, dicha identificación se producía de este modo sólo para perseguir los
delitos más graves; de esta
manera, un juez de los contencioso-administrativo podrá, de prosperar la
reforma, solicitar esa identificación en el caso de que exista un indicio de
vulneración de la propiedad intelectual en la Red.
La Sección
Segunda podrá pedir la identificación del infractor al juez para,
posteriormente y si ese infractor no retira los enlaces a los contenidos
'piratas', bloquear el acceso a esos enlaces, con un nuevo permiso del juez. La
idea de estas modificaciones es agilizar el proceso, que se alargaba notablemente.
Según el
abogado especializado Carlos Sánchez Almeida, este proyecto
"supone una agresión sin precedentes a la libertad de expresión, y aún
más, a la libertad de producción y creación literaria, artística, científica y
técnica garantizada por el artículo 20 de la Constitución". "Más
allá de la regulación de la comisión de censura", añade el abogado, "
se pretende someter a un asfixiante control administrativo toda la
actividad artística, y en particular la libre asociación de los autores y
creadores".
Google se libra
Otras de las
medidas resaltables del proyecto es que la Sección Segunda podrá actual contra
los sitios web que "vulneren directamente los derechos de propiedad
intelectual" y, subsidiariamente, contra quienes participen en la
vulneración de forma "significativa considerando su nivel de de
audiencia en España" y cuya "actividad principal sea la de
facilitar de manera específica y masiva la localización de obras".
Los motores
de búsquedas, y notablemente Google, no podrán en principio ser sancionables
por esta vía ya que la actividad perseguida debe ser "activa,
específica y no neutral" -"en particular ofreciendo listados
ordenados y clasificados de enlaces a las obras"- y "que no se limite
a desarrollar actividades de mera intermediación técnica".
Es decir,
tal y como se explica en la exposición de motivos, "lo anterior no afecta
a (...), entre otras, una actividad neutral de motor de búsqueda de
contenidos". Tampoco afectará a quienes "enlacen
ocasionalmente a contenidos de terceros" -un claro guiño a los blogs y
redes sociales-, aunque ésto último no aparece registrado tal cual en el
articulado del borrador.
Además, la
Sección Segunda podrá actuar "para el retablecimiento de la
legalidad" contra prestadores "que, directa o indirectamente,
actúen con ánimo de lucro, o hayan causado o sean susceptibles de causar un
daño patrimonial".
Mayor poder para la 'Comisión Sinde'
El
procedimiento de notificación y retirada voluntaria no debería durar más de
nueve días: 48 horas como máximo para notificar al infractor (previamente
identificado), presentación de alegaciones por parte de éste, se practicará
prueba en dos días y las conclusiones de la Sección Segunda se darán a conocer
a las partes en un plazo máximo de cinco días.
Si no hay
retirada voluntaria de contenidos, la norma prevé 'asfixiar' económicamente a
los sitios infractores. El texto prevé que "la sección Segunda podrá requerir la colaboración
necesaria de los prestadores de servicion de intermediación, de lo servicios de
pagos electrónicos y de publicidad, requiréndoles para que suspendan el
servicio que faciliten al prestador infractor", con prioridad a las
acciones dirigidas a bloquear su financiación.
De esta
manera, el bloqueo del acceso a los sitios web declarados infractores
sería una "medida de último recurso, en el caso de ser ineficaces
las demás medidas de alcance".
Y además
prevé consecuencias para los reincidentes en forma de multa, como infracción
administrativa grave, de entre 30.000 y 300.000 euros, por incumplir dos
o más veces la retirada de contenidos infractores, o por reanudar la actividad
infractora.
Según Carlos
Sánchez Almeida, "el texto puede contravenir la normativa europea de
protección de datos, de libertad de expresión y de creación de empresa,
otorgando a la administración facultades que corresponden en exclusiva al poder
judicial". Y añade: "Amenazar con sanciones a empresas de 'hosting' y
pasarelas de pago empujará al exilio virtual a buena parte de los
emprendedores de la red española, con la consiguiente repercusión en la
creación de empleo y riqueza.
Mayor control a las entidades de gestión
Otros puntos
importantes en la reforma de la LPI pasan por aumentar el control de las
entidades de gestión de derechos de autor, un asunto que las ha puesto en pie de guerra.
El texto
plantea la obligación de control de las cuentas de las entidades por parte de
Cultura aunque, de momento, esa tarea recaería en la Comisión Nacional de la
Competencia, algo que critican las entidades.
Aglutinadas
bajo el paraguas de Ibercrea, critican además la "falta de una política
activa para la creación e implementación de una industria cultural
robusta".
Los editores
de periódicos, a través de AEDE, se han sumado también a la queja de
Ibercrea de no haber sido convocados para consultarles la nueva norma.
Mientras,
Carlos S. Almeida ha hecho un llamamiento directamente a los creadores
quienes, en su opinión, "deben unirse en un frente común con
Internet". "Este proyecto supone un pacto contra natura entre los
explotadores de la propiedad intelectual y el poder político, sometiendo por
igual a los artistas y a su público", ha afirmado.
'Habrá diálogo y transparencia'
Desde la
Secretaría de Estado de Cultura ni confirman ni desmienten los borradores que
han ido publicándose a lo lardo de los últimos meses, y recomiendan esperar a
que el texto pase por la primera lectura en el Consejo de Ministros,
presumiblemente la semana que viene.
"Habrá
un periodo de información pública, que puede durar un mes, en un esfuerzo
voluntario para mantener el diálogo y la transparencia", comentan, y
recuerdan que habrá tiempo para reunirse con las partes interesadas, entidades,
asociaciones y cualquier ciudadano que tenga algo que aportar (esto
último confirmado de forma expresa y oficial por la Secretaría de Estado de
Cultura).
El texto
será objeto de un informe (no vinculante) del Consejo de Estado, volverá al
Consejo de Ministros para su segunda lectura, y luego deberá pasar por su
tramitación parlamentaria. "Quedan meses de tramitación", recuerdan.
